Acerca de Consumidores construyendo futuro

Plataforma y agrupacion electoral de socios de adicae que trabaja por mejorar la asociación, por acabar con las injusticias y por una asociación trasparente, democrática, respetuosa y plural.

Las políticas de consumo necesarias según Ciudadanos.

 

1200px-Ciudadanos_icono_2017.svgEn su programa ciudadanos tiene propuestas sobre diferentes ámbitos del consumo que comentamos a continuación:

Vivienda:

En la que menciona, segunda oportunidad incluyendo la dación en pago para préstamos hipotecario aunque no desarrolla ni explica en qué consistiría la propuesta de segunda oportunidad ni bajo qué condiciones se permitiría la dación en pago y con qué consecuencias.

Proponen facilitar   de forma temporal una alternativa habitacional en forma vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a su situación económica y familiar a los afectados de desahucio los que también podrán acogerse a plan de pagos de deuda pendiente por lo que entendemos que la dación en pago no implica la cancelación de la deuda sino que existirá deuda pendiente para lo cual proponen cuya mensualidad conjunta no podrá suponer más del 30% de los ingresos mensuales de la unidad familiar.

Añadiendo como otra de las medidas la de la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que no se puedan embargar las prestaciones sociales

Esta medida nos parece del todo equivocada y que no soluciona para nada el problema de los desahucios ya que los consumidores se seguirán encontrando en la situación dramática de aparte de perder su vivienda, mantener una deuda que les impida comenzar de nuevo.

 

De las medidas que proponen  en este área, se entiende que habrá una modificación sobre procedimientos de ejecución y especial sobre la tasación de inmuebles para evitar abusos. La medida poco clara y superflua no parece tener mayor alcance que el de evitar que las viviendas se subasten por un precio mucho menor al de compra y mercado. Se revisarán los procedimientos de ejecución para evitar abusos, especialmente como consecuencia de tasaciones inadecuadas.

Proponen como medida de fomento de alquiler que las casas deshabitadas que sean cedidas por sus propietarios a fondos sociales de vivienda no paguen IBI.

 

Competencia y Control de mercado:

 

Plantea una regulación del mismo para lograr un  nivel de competencia similar a los países de nuestro entorno Europeo para lo cual entre otras cuestiones proponen despolitizar los organismos reguladores, profesionalizándolos mediante procedimientos transparentes y meritocraticos y reformar la normativa para evitar conflictos de intereses.

Proponen separar las funciones de Competencia de las funciones de Regulación de mercados reformando la CNMC, dando lugar a órganos separados y autónomos del Ministerio competente.

 

Algo parecido plantean para el supervisor bancario y asegurador, de manera que no sea el mismo órgano que ha de supervisar el sistema financiero y asegurado del que ha de velar por la protección de los usuarios de estos servicios, por lo que se sobreentiende que existiría unos nuevos órganos supervisores diferentes al Banco de España y Dirección General de Seguros, cuyas competencia seria velar por los usuarios, aunque no menciona en ningún momento de que manera mejorara la protección de los usuarios y modificaran los sistemas de resolución extrajucial de estos servicios para que las resoluciones de dichos órganos deban ser de obligatorio cumplimiento por las empresas del sector.

 

Transparencia en la contratación.

 

El programa también recoge el impulso de este principio en los contratos de seguros e hipotecas, así como prohibición de productos financieros complejos o con cláusulas complejas, otorgando competencia a la CNSF, órgano que pretenden crear con la competencia de velar por derechos usuarios mencionado anteriormente. Dicha propuesta no aparece desarrollada, de hecho solo menciona el impulso, no ninguna reforma legislativa de contratación, ni del registro de cláusulas abusivas, ni de la legislación MiFID II para la protección de inversores, especialmente de ahorradores o inversores minoristas de manera que suena más bien a buenas palabras que a realidades.

 

Crédito.

 

Con respecto al crédito, el programa habla de reformas legales para protección consumidores, clientes y deudores financieros, en el que apuestan porque los “buenos pagadores” reciban mejor trato por parte de las entidades financieras, mediante regulación de ficheros de solvencia. Esta medida podría suponer un trato discriminatorio, que criminalice a aquellas familias y consumidores que durante los años de la crisis económica se han visto abocados por su  situación económica y/o por la abusividad de las condiciones que escondían de los créditos que contrataron  a impagos de manera que estos consumidores tuvieran dificultades para acceder de nuevo a crédito o lo hicieran en peores condiciones.

 

No proponen medidas que buscasen mejorar el acceso a crédito de todo consumidor. Acceso además a un crédito sin trampa ni cartón, y no como el que ha caracterizado a la banca hasta ahora que incluía innumerables cláusulas abusivas que hacían de él un producto toxico, perjudicial para el consumidor.

 

Junto a estas medidas mencionan sanciones para las entidades que otorguen crédito irresponsable, con lo que entendemos que para sancionar primero hay que controlar a dichas entidades. Esta medida positiva, debería complementarse con una regulación profunda que prohíba ciertos tipos de crédito como los créditos rápidos, o regule los mismos, estableciendo  límites a contratación, exigiendo determinadas condiciones para contratación y regulando los intereses. Ya que las sanciones, que además deberá ser de suficiente calado para que disuadan de malas prácticas, no conseguirán evitar el sobreendeudamiento y sus consecuencias sociales para los consumidores.

 

Refuerzo de protección de los derechos de los consumidores mediante reforma constitucional.

 

Proponen una reforma de la constitución para dar mayor protección a los derechos sociales y que gozan de NIVEL MÁXIMO DE PROTECCIÓN regulados en la sección 1ª, Capítulo II, Título I.De estos derechos, todos importantes, nos centraremos en el de vivienda, derechos de consumidores y usuarios.

 

Estos derechos hoy en día no se encuentran dentro de los derechos fundamentales regulados y que gozan de máxima protección en nuestra constitución. La vivienda y los derechos de consumidores y usuarios hoy son principios rectores de la política económica y social, regulados en  Capítulo III, Título I, de manera que su protección es menor, ya los comprendidos en este capítulo: Informan la legislación positiva, a la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Y Sólo pueden invocarse ante los tribunales de acuerdo con las leyes que los desarrollan.

 

Por lo tanto la medida mejoraría la protección de los consumidores ya que al gozar de nivel máximo de protección, los derechos de vivienda y consumidores y otros mencionados,  vincularían  a los poderes públicos.  Su desarrollo se efectuaría por  Ley Orgánica. Quedarían protegidos a través de un procedimiento preferente y sumario  y contra su violación cabría recurso de amparo, siendo  susceptibles de recurso de inconstitucionalidad las normas, disposiciones y actos que vulnerasen tales derechos, protegiendo en sacarlos nuevamente de este nivel de protección pues  en caso de reforma de la constitución, deberá utilizarse el procedimiento agravado del art 168.

 

Ahora bien, en la propuesta de Ciudadanos, no habla de incluir estos principios rectores de la política económica y social, derecho a vivienda y derecho consumidores y usuarios en la Sección I, capitulo II, Título I, sino que habla de crear una nueva sección, sin mencionar el nivel de protección del que gozarían los derechos incluidos en esa nueva sección.

 

Otra medida legislativa de cierto interés es la de impulsar la iniciativa legislativa popular sobre la que proponen reducir el número de firmas exigidas a 250.000 y fijar un plazo máximo de tres meses para su toma en consideración por el Congreso para favorecer la participación ciudadana

 

Aunque insuficiente, ya que creemos que sigue siendo una barrera importante y habría que ir más allá, puede ser interesante para que los consumidores podamos presentar iniciativas de reforma legislativas para la protección de nuestros derechos movilizándonos colectivamente.

 

Economía sostenible.

 

Plantean aplicación estratégica de Economía circular según criterios de la Unión Europea, facilitando el reciclaje, la RSC, el ciclo de vida de los productos para combatir la obsolescencia programa. Todo ello medidas poco ambiciosas e innovadoras pues son planes de la Unión Europea que en todo caso el gobierno que surja tras elecciones deberá aplicar.

 

Justicia.

 

Se olvidan completamente de la acción colectiva y otras reformas para la resolución de los conflictos masivos que afectan a los consumidores

 

Sector financiero

 

Para terminar, proponen una serie de medidas que afectan al sector financiero, de la que podemos destacar por su repercusión más directa sobre los consumidores, la del derecho de medios de pago, para poder pagar con tarjeta cualquier importe superior a 10 euros comprometiéndose a rebajar comisiones.

 

Esta medida tiene un aspecto positivo ya que la reducción de comisiones siempre será recibida bien por los consumidores, pero otra puede no ser tan positiva, ya que la reducción de la circulación de efectivo, que es uno de los objetivos de esta medida, podría acarrear un aumento del consumismo.

 

En todo caso, esta medida, en lo referente a comisiones es poco ambiciosa, ya que sería necesario impulsar una legislación más ambiciosa y que regule las comisiones, hoy en día no reguladas. Además no solo por medios de pago sino de todos los servicios financieros. Estableciendo máximos y controlando que se cobren solamente por servicios solidificados y realmente prestados.

 

Mañana estaremos atentos al resultado de las elecciones, y a partir del lunes, a las medidas que realmente implementen el Gobierno que se constituya tras los resultados de las misma a los que controlaremos y pediremos que la política de consumo pase a ocupar una prioridad en su acción de gobierno, pese a que en sus programas lo hayan desplazado u olvidado y pese a lo desacertado de las mismas o poca ambición. Desde consumidores construyendo futuro animamos a los consumidores a votar y ejercer un derecho fundamental e irrenunciable.

 

Anuncios

Programa de Unidas-Podemos, muchas propuestas estructurales

unidas podemosVariadas, argumentadas y de profundidad son las medidas que propone Unidas Podemos (UP) en materia de consumo. “Variadas” porque abordan diversos aspectos de la protección de las personas consumidoras, pese a que olvida aspectos fundamentales para los consumidores como la protección al ahorro. “Argumentadas”, porque expone las razones de las medidas propuestas, aunque no siempre lo consigue. Y de “profundidad”, porque algunas recetas de su programa electoral requieren de modificaciones sustanciales, como reformas constitucionales. Lograr dar efectividad a estas propuestas con el alcance planteado, resulta algo más complicado políticamente, lo que puede provocar expectativas frustradas entre los votantes.

Energía, reformas estructurales ¿con qué apoyo político se llevarían a cabo?
Las propuestas en materia de energía recogen medidas que requerirían cambios profundos. Por ejemplo, UP plantea que “cambiarán las condiciones de la subasta, de manera que la energía renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y no las energías más caras como ahora”. Además, proponen “Crear una empresa pública eléctrica”. No explican el coste de poner en marcha esta medida, ni qué trabas o dificultades pueden provenir desde la Unión Europea, que prohíbe empresas o ayudas públicas a empresas.
En cuestiones más concretas, sí hace un diagnóstico más cercano al consumidor. En “Una factura de la luz más barata y justa”, dice que “La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. El término fijo, que pagas aunque no consumas nada, no será superior al 25 % de la factura y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. A esto se sumarán protecciones frente a la pobreza energética.” Sin embargo, no explican cómo lograr que el término fijo no sea superior al 25%.
Esta propuesta va ligada a otra sobre “Suministros básicos garantizados.” UP parece tener claro que “con las reformas estructurales del sistema eléctrico, se bajará el precio de la factura de la luz, pero también se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuan-do el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza sobrevenida.” Añade que “además, se sumarán a un sistema de sanciones a las compañías cuyos contratos contengan cláusulas abusivas o sean opacas en su gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas”. Las sanciones en tema de cláusulas abusivas ya se contempla en nuestra legislación y algunas Comunidades Autónomas lo han aplicado, aunque sus sanciones acaban en interminables procedimientos judiciales. Echamos en falta un auténtico plan de control y revisión de cláusulas, la creación de un contrato básico homogéneo para todas las compañías, y en todos los ámbitos de contratación de bienes de interés público, que depure estas cláusulas contractuales.
En cuanto a las “reformas estructurales”, resultas indudable, como hemos planteado al comentar otros programas electorales, que la liberalización de sectores básicos sólo ha traído mayores precios a los consumidores, y que terminar con ello requiere de medidas profundas que abordaran la raíz del problema. Sería interesantes que UP explicara con más detalle cómo va a trabajar en esta dirección, ya que el esfuerzo de enfrentarse a los lobbys energéticos puede suponer un gran desgaste político que requiere de apoyos políticos y de la opinión pública.
Bancos, pocas medidas concretas para los consumidores
Al igual que en el ámbito de la energía, las propuestas en materia bancaria tiene dos grandes líneas de gran calado: recuperar los 60.000 millones del recate bancario y establecer un impuesto a la banca.
Es innegable que los contribuyentes han pagado la factura de la reestructuración bancaria, un proceso que ha beneficiado a grandes bancos y ha concentrado aún más su poder. Este pago se ha traducido en crisis y en recortes sociales. Pero además, como personas consumidoras también se ha pagado el peaje. La venta de preferentes, las medidas adoptadas desde Europa para hacer pagar la crisis a los pequeños ahorristas, la infinidad de cláusulas abusivas en contrato, o los desahucios, son otras formas en que se ha pagado a la banca su crisis y transformación. UP no puede olvidar esta parte de la factura de la banca. Por eso, adoptar medidas para poner solución eficaz y rápida a las demandas de las personas consumidoras entrampadas por los abusos de la banca, sería una medida más concreta y factible.
En cuanto al impuesto a la banca, este problema se enmarca en uno de dimensiones mayores, como es la fiscalidad que pagan las grandes empresas por el Impuesto de Sociedades, y que requeriría un debate profundo sobre el modelo impositivo. Al margen de ello, la cuestión que preocupa es que las tasas a la banca no acaben repercutiéndose al consumidor. Cualquier medida fiscal en este sentido, debe llevar aparejada una reflexión sobre los medios para evitar esta traslación impositiva.
De forma concreta para las personas consumidoras, UP plantea dos propuestas: “Implementar la tecnología blockchain para reducir las comisiones bancarias” y recaudar de la banca con carácter retroactivo el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados por las hipotecas.
La ciencia de los algoritmos ha venido para quedarse. La tecnología blockchain abre un campo de infinitas posibilidades donde el sector financiero está cobrando ventaja. Nos parece bien que se aplique a las comisiones bancarias, pero son muchos los ámbitos en los que va a afectar a las personas consumidoras, desde las condiciones de los contratos y su cumplimiento, formas de contratación, protección de datos personales, etc. Por eso, resulta muy pobre el ceñirlo a las comisiones, sin dejar de ser acertado. Creemos que el plan debería hacerse más ambicioso, vigilando también los riesgos que puede conllevar para las personas consumidoras las tecnologías blockchain aplicadas por las empresas.
En relación al “impuesto de las hipotecas”, desde noviembre de 2018 ya le corresponde pagarlo a la banca. La propuesta de UP es que se cobre con carácter retroactivo a las entidades financieras y, por tanto, se devuelva a los consumidores lo que en su día abonaron. Es de justicia una propuesta así, ya que han sido décadas durante las cuales la banca se ha beneficiado de una “exención” que se ha cargado sobre los clientes, aunque su encaje legal podría resultar difícil.
Medidas de control de mercado y democratización de empresas
Una de las propuestas llamativas de UP es “Reforzar las leyes antimonopolio”. Para ello, avanzan que desarrollarán “leyes que dotarán a la Administración de instrumentos efectivos y aumentaremos las multas en casos de carteles y oligopolios. Además, reforzaremos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso y dotándola de los recursos necesarios para evitar que su poder esté muy por debajo del que tienen los oligopolios que debe controlar.” Es necesario dar más autonomía y recursos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que necesita una reestructuración. Sus sanciones acaban en los Tribunales, que no pocas veces quitan la sanción a las empresas. Olvida UP que se ha incorporado a nuestras leyes una Directiva europea en materia de Defensa de la Competencia que debe suponer un empujón para reforzar este aspecto del control del mercado que en otros países tiene una gran relevancia. Nada dicen del papel que deberían cumplir las asociaciones de consumidores en la lucha por una competencia justa que beneficie a las personas consumidoras.
No es acertado, como propone UP, “reconocer a las y los autónomos y a las pymes su condición de consumidores en sus relaciones con grandes corporaciones por servicios distintos al de su actividad principal.” Equiparar la condición jurídica de personas consumidoras a empresas que en sus relaciones con aquellas vulneran sus derechos en ocasiones, supone violentar la naturaleza jurídica del concepto “consumidor”. Si se quiere reforzar los derechos de las pequeños autónomos, podría hacerse sin necesidad de considerarlos consumidores.
Otra de las líneas de Unidas-Podemos es la de “Democratizar las empresas”. Hablan de impulsar “la participación de los trabajadores en la dirección y en el accionariado de las empresas, como ya ocurre en Alemania y en Francia, para que nuestra economía aproveche ese talento y las decisiones estratégicas de las empresas sean mejores”. Sin embargo, olvidan incomprensiblemente una realidad mucho más cercana y necesaria de impulso, como es la participación de los pequeños accionistas en las empresas cotizadas. Su número es considerable, pero su peso, por la dispersión y poder decisorio que tienen las cotizadas en el diseño de las juntas de accionistas y órganos de gobierno, requieren una actuación política decidida, ya que además, contribuiría a mejorar derechos de los propios ahorristas en cuanto personas usuarias de los servicios que puedan prestar como consumo final.
Justicia: Unidas Podemos se olvida de la acción colectiva de las personas consumidoras.
“Volver a prestigiar el Tribunal Supremo y modernizar el acceso a la carrera judicial” y “Garantizar el derecho a una Justicia de calidad”, son los elementos centrales que encabezan las propuestas en materia de Justicia. Entre ellos se habla de la reforma de la ley de Tasas Judiciales, la mejora de dotación y recursos a los juzgados, así como mejora de la ley de asistencia gratuita. Conformes con estas medidas, pero olvidan, al igual que otros partidos, de que para los consumidores lo más inmediato es una reforma de la acción judicial colectiva. Con ello se lograría equilibrar las fuerzas de las personas consumidoras ante las empresas ante escándalos masivos.
De forma detallada propone el programa de UP una “segunda oportunidad para las personas con deudas.”. Para las personas físicas, incluidas consumidoras, la “segunda oportunidad” ha sido un procedimiento fracasado. El partido que encabeza Pablo Iglesias y Alberto Garzón propone “nuevo procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que tendrá una fase de conciliación, en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras. Esta propuesta podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones de deudas. En caso de que no haya acuerdo, será el juez o la jueza quien decida el plan de pagos. En el caso de deudoras y deudores hipotecarios, este procedimiento permitirá realizar una dación en pago, incluso retroactiva.” Salvo la cuestión final, las fases ya existen en el actual procedimiento. Su mayor problema es el peso que tienen las entidades financieras en los acuerdos para reestructurar la deuda, ya que para las personas consumidoras la hipoteca es la deuda mayor. Nos parece bien que se reforme este procedimiento, y se logra acercar a los procedimientos de sobreendeudamiento de otros países, sin tanta complejidad para la persona endeudada y más poder de decisión para el juzgado, atendiendo las necesidades del consumidor.
Este apartado se enlaza con la propuesta de “Garantizar el derecho a la defensa de los deudores y las deudoras hipotecarias.” Por ello pretenden cambiar el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba y para que se aplique de manera correcta la normativa europea de protección de las personas consumidoras, en especial la Directiva 93/13 dela Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores”. Esta medida se debería incluir junto a esa reforma de la acción colectiva pendiente, en una normativa procesal propia para tutelas los derechos de las personas consumidoras ante los tribunales.
Garantizar la revalorización de las pensiones públicas, nada sobre ahorro para la jubilación.
De forma tajante y escueta UP propone “incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas”, así como garantizar la revalorización de las pensiones públicas mediante la “actualización por ley de las pensiones al IPC” a lo que añaden que buscarán blindar esta garantía “constitucionalizándola de forma expresa”. En relación a esto último, los términos en que se expresa la propuesta arrojan ya una idea sobre su dificultad que requiriría una reforma constitucional y el necesario consenso de otros grupos políticos. Es aceptable que se garantice un nivel adecuado a las personas pensionistas, que tanto han peleado por ello. Pero no podemos olvidar a quienes desde hace años van ahorrando poco a poco para su futura jubilación. Los planes de pensiones no tienen buenos resultados financieros y sus costes son elevados, sólo la fiscalidad es atractiva, aunque no a todos beneficia fiscalmetne por igual, y dependiendo de cómo se rescate la factura fiscal puede ser alta. El ahorro para complementar la jubilación, sobre todo entre pequeños ahorradores, está pendiente de una gran reforma que ninguna propuesta electoral aborda.
Amplias medidas en materia de acceso a la vivienda.
Numerosas propuestas planeta el Partido Unidas- Podemos para afrontar el problema de la vivienda. Una básica sobre la que se asientan las medidas que desarrollan posteriormente: “Blindar en la Constitución el derecho a la vivienda como derecho fundamental y desarrollar legalmente las garantías des u efectividad”. Esta medida, difícil ya que exigiría una reforma constitucional, permitiría amparar las propuestas que realizan. En concreto, “Intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias”. Hay un cambio notable en la propuesta de “Garantizar un alquiler estable, asequible y seguro” cuyo objetivo es asegurar la renta y la estabilidad del contrato en beneficio de arrendador e inquilino. Para ello, se propone “implantar un contrato de arrendamiento indefinido, estableciendo causas claras de rescisión justificada. En los casos en que el arrendatario sea especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (sociedades inmobiliarias y fondos buitre), el contrato de alquiler se prorrogará de manera automática.” Esto supone un cambio respecto a la situación anterior, limitada a 5 años y con prórrogas anuales. Sin embargo, creemos que deberían analizarse con detalle sus repercusiones jurídicas y económicas.
Respecto a la noción de “arrendatario vulnerable”, este supone un concepto nuevo e interesante, que debería especificarse a qué colectivos y con qué criterios resultaría aplicable. Esta medida se complementa con otra referida a que “en ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus familias en situación de vulnerabilidad, sin que la Administración competente garantice un realojo en condiciones dignas.”

También avanzan en la necesidad de “crear un gran parque de alquiler público de precio asequible”, y aquí sí se detallan las medidas para ello: “ incrementaremos en 50.000 viviendas al año,durante toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda, junto con otros sancionatorios, para impedir el acaparamiento y la especulación con viviendas vacías. Aumentaremos la inversión pública en vivienda hasta equipararla a la media europea.”
Sanciones con resarcimiento para las personas que han sufrido fraudes de consumo.
Por último, una medida concreta para proteger los derechos económicos de las personas consumidoras es la de “Garantizar el derecho a una indemnización añadida automática para las personas consumidoras en caso de fraude.” Esto significa que “la persona consumidora no solo tendrá derecho a la devolución de lo cobrado indebidamente o del daño causado, sino a una indemnización añadida por las molestias, que opere también como un desincentivo contundente al fraude”. En realidad nuestra normativa de protección a los consumidores ya recoge esta posibilidad que sólo debe ser convenientemente regulada. Supondría un avance, ya que las multas en consumo no van destinadas a paliar el fraude patrimonial ocasionado a los consumidores. Sin embargo, el problema al que esta propuesta se enfrenta es que la empresa recurra la multa ante los tribunales.

Propuestas a debate: un programa de gobierno para las personas consumidoras. Parte 1

A dos semanas de las elecciones general y con una campaña electoral en plena marcha, es hora de que los candidatos escuchen la voz de las personas consumidoras. El documento que a continuación os ofrecemos no tiene ánimo de ser un programa electoral consumerista, ya que ello exige antes que como consumidores y consumidoras nos pronunciemos. Por eso nos limitamos a plantear algunos enfoques y propuestas de reflexión para fomentar el debate y concretar qué pedimos al nuevo gobierno y a la oposición.

Sigue leyendo

Poco contenido y concreción en las propuestas sobre consumo del Partido Popular

Resultado de imagen de partido popularMedidas fiscales… para apoyar a la banca

En materia de fiscal, el Partido Popular propone en un “Blindaje Fiscal del ahorro para la jubilación que, entre otras cosas, extienda los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y a los planes de ahorro.” El gran problema de los planes de pensiones ha sido su escasa rentabilidad, como demuestran numerosos estudios. La tributación de este producto de ahorro ha sido por contra el único gancho para atraer clientes a las entidades financieras, algo en lo que están muy interesadas en mantener. Una fiscalidad, por lo demás engañosa por cuanto a la hora de rescatar estos productos de ahorro jubilación hay que pagar un alto peaje impositivo.

Sigue leyendo

¿Dónde estamos los consumidores en las 110 medidas electorales del PSOE?

El próximo 28 de abril se inicia un amplio ciclo electoral que abarcará elecciones generales, autonómicas y locales, en algunos territorios, y elecciones al Parlamento Europeo. Los efectos de la crisis económica se han trasladado al ámbito político donde la desorientación y el descontento están dando lugar a un continuo movimiento estratégico y táctico entre los partidos que no termina de fraguar. El bipartidismo se ha fragmentado y el tradicional duopolio busca de nuevo reubicarse en el mapa institucional. En ese vaivén de aguas turbulentas los problemas de los consumidores siguen a la deriva. Sigue leyendo

Una reflexión sobre el otro 15-M

Cada 15 de Marzo, Día Mundial de los Derecho del Consumidor, es tradicional recordar aquella frase de Kennedy que decía: “consumidores somos todos”. Quizá haya llegado el momento de replantearse este discurso, válido para un modelo de sociedad y producción que poco o nada tiene que ver con el actual, y darle un enfoque distinto.

Si en aquellos años sesenta en que se pronunció esta frase, el consumo tenía un significado de orgullo por señalar el nivel de clase alcanzado, hoy día el sentido del consumo tiene muchas facetas. Sigue existiendo un componente de diferenciación, de gusto por una marca o servicios que nos distinga frente a los demás, fruto de los intereses de la industria. Pero cada vez más las pautas de consumo tienen un componente de necesidad. Las “marcas blancas”, los servicios “low cost”, el “crédito rápido” o la “consumo colaborativo”, son indicios de un empobrecimiento de aquel significado del consumo como ostentación. ¿A qué se ha debido?

No parecen existir dudas sobre las causas de este cambio. La desigualdad creciente, en la cual interviene como un factor importante la brecha generacional y tecnológica, que ha supuesto entre otras cosas, la irrupción de nuevos hábitos y formas de consumo que por un lado convierten el consumidor mas joven en mas exigente (prosumidor) y por otro en algunos casos le convierten en prestador del servicio , un modelo de producción acelerado, y fragmentado, con múltiples y novedosos canales de comercialización, de prestación de servicios y pagos, en donde los dispositivos móviles son los grandes protagonistas. La instituciones publicas se enfrentan por un lado a empresas cada vez mas grandes y  poderosas fruto de la concentración que conlleva la globalización económica y por otro a la incesante innovación tecnológica en todos los sectores y en especial en el sector financiero y bancario. por lo que  a duras penas pueden regular y  poner límites.

Las consecuencias de estas transformaciones ya las hemos sufrido los consumidores y  parecen fácilmente detectables: incremento del individualismo, grandes abusos, mayor competitividad social, menor solidaridad, distanciamiento de la realidad, deterioro ambiental, alejamiento de los centros de decisión política y falta de confianza en instituciones tradicionales que contribuían a concentrar intereses colectivos, como partidos, sindicatos y asociaciones. Ante estos retos desde Alternativa Consumidores Construyendo futuro queremos proponer algunas reflexiones:

En primer lugar, convendría reconocer que el consumo no es un hecho social aislado, sino que se relaciona íntimamente con otros aspectos de la vida, como el trabajo o la edad. Esto obliga salir del encajonamiento y ampliar miras, lo que en términos prácticos exige establecer contactos y cooperar en diversos ámbitos. Pisar la calle, y no sólo en el sentido reivindicativo, sino en una paciente relación de colaboración con otras organizaciones en la que protagonismo pase a segundo plano.

Da la impresión en las asociaciones que padecen un exceso de “institucionalización, y de egos”, de haber olvidado la dimensión de movimiento social que se ha cedido por inercia a otros actores como los movimientos sociales por las pensiones dignas, PAH o las plataformas en defensa del alquiler, o plataformas de afectados, por mencionar algunos ejemplos actuales. Quizá una de las causa de ello sean unas estructuras que no permiten al socio inquieto ejercer su autonomía y desarrollar iniciativas propias y, por tanto, crear estructuras que conecten más con la realidad. Y aquí abrimos un pequeño paréntesis para referirnos a los jóvenes, a los que resulta difícil incentivar su participación y que es muy evidente ello en nuestra organización.

Los jóvenes hoy día tienen unas prioridades acuciantes, centradas especialmente en la búsqueda de empleo, pero el movimiento consumerista no ha logrado captar su atención en su ideario reivindicativo. Hemos visto recientemente cómo en Bélgica, Alemania e Inglaterra miles de jóvenes han celebrado el Youth Strike 4 Climate”, “Jóvenes en huelga por el clima”. Sin embargo, pese a ser los grandes protagonistas de las nuevas formas y  hábitos de consumo por  la digitalizacion de la economía  con riesgos tan importantes como  el endeudamiento a crédito o la dificultad de acceso a la vivienda, o la movilidad, que se encuentran más cerca de su realidad cotidiana, no se ha logrado movilizar a los jóvenes para afrontar unas problemáticas que les afectan o afectarán en un momento inmediato de su vida. Cerramos aquí el paréntesis para continuar con nuestra reflexión.

En segundo lugar, se está creando una sociedad de dos velocidades. De los que ahorran y de los que llegan a fin de mes a duras penas y han de recurrir al endeudamiento; de los que no pueden acceder a vivienda o viven con la soga al cuello de una hipoteca o un alquiler, y de los que tienen varias viviendas; de los que acceden a las nuevas tecnologías subiéndose al tren de la economía  y de los que desconocen las herramientas o no saben utilizarlas convirtiéndose en blancos perfectos de exclusión y de futuros abusos; de quienes consumen alimentos de calidad y de quienes se ven abocados a nutrirse con productos baratos y poco saludables; de quienes disfrutarán pensiones dignas y de quienes sufrirán una precarización que condicionará su últimos años de vida.

Afrontar esta grave bipolaridad social exige de las Asociaciones crear las estructuras organizativas adecuadas que permitan llegar a ambos frentes y a sus problemáticas particulares, pero sin fragmentar la lucha. Los consumidores y la sociedad nos enfrentamos a un desafió financiero y tecnológico. Porque quien tiene capacidad de ahorro o sabe usar las nuevas tecnologías tampoco está exentos de riesgos. Unir estos mundos cada vez más distantes debería hoy día ser una tarea prioritaria de toda organización social. La profundización de la distancia podría abocar a un choque entre ambos. Como Asociación la tarea debería servir para cohesionar la sociedad, sin duda el primer paso para organizar una reivindicación de más y mejores derechos de forma colectiva y unida.

Éste es quizá es el enfoque actualizado que deberíamos dar a la frase de Kennedy con la que encabezábamos este texto y que queremos compartir con todos y todas para su reflexión y debate.