Consumidor y pequeño comercio ante la alarma sanitaria

Una de las notas características de las numerosas normas emanadas por el Gobierno durante esta alerta sanitaria, es la de haber aprobado medidas que englobaban a personas consumidoras ya pequeños autónomos.

Por su definición, los pequeños autónomos quedan fuera de la noción de consumidor y usuario que ofrecen nuestras leyes y por tanto al margen de sus derechos. Sin embargo, pese a esta posición que sitúa a unos frente a otros, ambos comparten algo en común y es su posición de desequilibrio frente a las grandes empresas, en ocasiones auténticos oligopolios, como sucede en el sector de la distribución. En el caso de los consumidores es una desigualdad legal, de información y conocimiento de derechos; en el otro caso, es una desigualdad en términos de competencia: ¿cuánto daño ha hecho Amazon, por ejemplo al pequeño comercio?

En un contexto donde una de las máximas preocupaciones es el problema ambiental, el debate se centra sobre el fomento del comercio de proximidad. Es evidente que dicho comercio debe adaptarse a las nuevas tecnologías y, desde luego, asumir de cara a la persona consumidora las máximas garantías de sus derechos (sometimiento a arbitraje de consumo, por ejemplo). Este comercio puede ser más receptivo a las exigencias y reclamaciones del consumidor. ¿Quién no ha desesperado al tener que resolver un problema con una gran compañía por un pedido en mal estado?

En este debate, la Sentencia del Tribunal Supremo 683/2017, introdujo algunos apuntes sobre el concepto de “consumidor” a los efectos de la correspondiente normativa protectora. En esta sentencia, el Supremo consideró que una persona física que actúa con fines lucrativos puede igualmente entenderse que actúa en su condición de “consumidor” y beneficiarse de los derechos que le correspondan como tal. Incluso ha habido formaciones políticas que ya solicitaron  ampliar la condición de consumidor tanto a los trabajadores autónomos como a las pymes. Y el código de Consumo en Cataluña, ya desde 2015, considera tanto los autónomos como las microempresas como consumidores, cumpliendo en general ciertos requisitos. (artículos 111-1 y 252-4.)

Resulta interesante por ello conocer la situación actual de este sector, que el que como personas consumidoras, o incluso trabajadores, acudimos muchas veces a realizar nuestras compras.

Cuando se habla de empresas casi nadie piensa en pequeños negocios y autónomos, aunque forman una gran parte del tejido económico de nuestro país, juntas recaudan entre un 70- 80% de impuestos, sin embargo, son las que más presión fiscal soportan.

Hay varios tipos:

*Microempresa: Las que tienen hasta 10 trabajadores y/o su balance no es superior a los dos millones de euros anuales.

*Pequeña empresa: menos de 50 trabajadores y/o su volumen es inferior o igual a 10 millones de euros.

*Mediana empresa: Menos de 250 trabajadores y no más de 50 millones de euros.

Añadiremos a los “Profesionales Independientes” que o bien como autónomos, o como trabajadores eventuales forman parte del tejido económico y profesional.

La situación de las pymes y de los autónomos desde hace varios años es crítica y actualmente demoledora, los márgenes comerciales con los que se trabajan son muy bajos, lo que se convierte en muchas ocasiones, tan sólo en cubrir los gastos y en pocos casos se tienen reservas económicas para afrontar por ejemplo, el cierre por cese debido al confinamiento del COVID 19.

Debemos reconocer que las ayudas que ha puesto en marcha el gobierno, aunque no sean suficientes, nunca se habían gestionado antes. A partir de ahora esto tiene que servir para poner en marcha un “plan especial para pymes y autónomos” , son trabajadores, por cuenta propia, pero trabajadores con muchas obligaciones y escasos derechos y esto tiene que cambiar.

El trámite de los ERTES y la casi obligación de solicitar financiación que quizás no puedan afrontar está dejando sin dormir a la mayoría de los trabajadores autónomos. Dicha financiación debería ser a un interés todavía más bajo de lo anunciado y con muchas más facilidades ya que cuando se reanuden algunas de las actividades la facturación será lenta.

Hay gremios que por sus características no podrán reanudar la actividad hasta pasado el verano y las que puedan hacerlo, las normas de distanciamiento, entre otras, es posible que no permitirán suficientes ingresos. En mi opinión tenemos una gran ocasión para fortalecer nuestro tejido empresarial y dotar a las pymes y autónomos de medios y herramientas suficientes para poner en marcha la economía de nuestro país.Este colectivo tiene capacidad para generar empleo, trabajan con intensidad y hacen fijar población, contribuyen a mantener la vida en los barrios y forman parte de una economía circular que genera riqueza.

En estos momentos la mayoría de los establecimientos permanecen cerrados y es posible que muchos no vuelvan abrir y aunque la salud de todos está por encima, también es cierto que si la situación se alarga demasiado (y se va a alargar) la gente no tendrá recursos para cubrir las necesidades básicas. Es un gran momento para reconocer a las pequeñas empresas de una vez por todas y ponerlas en el lugar que les corresponde, sino que se les den facilidades. Y una buena ocasión para, a través de estas ayudas, se logren introducir mejoras en los derechos de los consumidores, como aceptar el arbitraje de consumo a quienes las soliciten

¿Alguien se ha preguntado qué pasaría si los pequeños negocios y tiendas de barrio desaparecieran?  Observando durante el confinamiento del COVID 19  nuestras calles es fácil hacerse una idea…..ciudades sin vida, barrios muertos.