El arrendador de vivienda en situación de vulnerabilidad económica

Hace unos días una compañera de Alternativa Consumidores Construyendo Futuro escribía un interesante post informativo sobre las paralizaciones de desahucio y moratorias en el caso del caso de alquileres. El supuesto es sencillo: un propietario arrendador, ante el impago de su inquilino inicia ante el juzgado un procedimiento de desahucio. El inquilino puede suspender el lanzamiento- que el juzgado lo saque de la vivienda, para entendernos. Ello gracias a las medidas del Real Decreto-ley 11/2020  Recuerden, como les explicaba mi compañera, que esto será posible sólo cuando termine el periodo de Alarma el estado de alarma. En estos momentos, no se pueden practicar los lanzamientos que estuvieran señalados.

Si me permite el lector, voy a hacer una apreciación concreta sobre aquellos casos en los que el arrendador, es decir el propietario del piso en alquiler, se halla también situación económica delicada. En estos casos ¿cómo procede la posible paralización del proceso de desahucio? O dicho de otro modo, ¿qué pasa si tanto el inquilino- a quien el propietario desea echar de la vivienda mediante el proceso de desahucio-, como el propietario están en situación económica vulnerable? Como veremos la ley aquí resulta muy confusa.

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Pues bien, si el propietario de la vivienda se encuentra en vulnerabilidad económica motivada por el Coronavirus (Artículo 1.4) por cumplir los requisitos que exige la ley (artículo 5 de la ley y que ya explicó mi compañera en el post anterior), el propietario arrendador podrá ponerlo de manifiesto de manifiesto por él mismo en el procedimiento y su situación económica vulnerable se pondrá en conocimiento de los servicios sociales para su consideración en el plazo de suspensión extraordinaria y en la definición de las medidas de protección social a adoptar.

Nada más dice la norma, lo que provoca inseguridad ya que deja en manos de los servicios sociales y conforme a unos criterios que no se fijan en la propia ley la determinación tanto el plazo de tiempo de suspensión, como las propias medidas a adoptar: ¿Encontrar otra vivienda en condiciones? ¿A quién, al inquilino, al propietario? ¿En qué plazo?

La norma es muy confusa. En el apartado 2 del artículo 1 dice que la suspensión durará hasta que se adopten las medidas necesarias, y sin embargo en el apartado 4 del mencionado artículo 1 se indica que en el caso de arrendador en situación vulnerable se comunicará a los servicios sociales competentes “para su consideración en el establecimiento del plazo de suspensión extraordinaria y en la definición de las medidas de protección social a adoptar”.

Se está dejando a los servicios sociales que decidan el establecimiento de un plazo que corresponde a la normativa y en todo caso, hasta el plazo necesario para adoptar las medidas oportunas. Por tanto, cuando coincidan vulnerabilidad económica tanto en el propietario arrendador como en el inquilino, las medidas a adoptar serán menos eficaces y rápidas cuando se refieran al arrendador: diferentes decisiones y protección para idéntica situación de vulnerabilidad.

 

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