Últimas medidas del Gobierno: suspensión de desahucios de alquiler y moratorias en el pago

Hoy día 1 de abril se han adoptado una serie  medidas en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y apoyar a las familias y a los colectivos más vulnerables. La paralización de la actividad económica ha repercutido en la capacidad de generar ingresos, por lo que hacer frente a los gastos esenciales y necesarios para los hogares se hace más difícil todavía.

El Real Decreto-Ley 11/2020 establece varias medidas. Hoy nos ocuparemos de los arrendamientos, una forma de acceso a la vivienda que ha ido creciendo paulatinamente desde la crisis de 2008.

Las medidas adoptadas son principalmente dos:

  1. la suspensión de lanzamientos para hogares vulnerables “sin alternativa habitacional” (es decir, sin otra vivienda donde residir) y la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
  2. Moratoria de la deuda generada por el impago del arrendamiento de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica.

Suspender el desahucio de la vivienda donde vivo de alquiler

Una vez finalizado el estado de alarma, el inquilino puede paralizar un procedimiento en curso de desahucio de su vivienda arrendada si se encuentra en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de los efectos del COVID-19. Para ello, debe cumplir y demostrar una serie de requisitos que ha de comunicar al juzgado donde se tramite el procedimiento de desahucio:

  1. Si usted es inquilino trabajador en situación de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o tiene reducida su jornada. En este caso, si sigue usted obligado a pagar el alquiler porque, por ejemplo, no ha llegado a un acuerdo con su arrendador para retrasar el pago, puede solicitar esta suspensión. Si en lugar de trabajador fuera autónomo, debe probar que sufre una pérdida de ingresos no alcanzando éstos el límite de tres veces el IPREM mensual (indicador económico que publica el Gobierno), es decir 537,84 euros al mes multiplicado por 3 (1613,52 euros al mes). Este límite se incrementará por cada hijo a cargo, por cada persona mayor de 65, discapacidad superior al 33%, situación de dependencia años miembro de la unidad familiar.
  2.  Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos (luz, agua, gas, telefonía móvil y fija), resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos (es decir, descontados los impuestos) que perciban todos los miembros de la unidad familiar.

¿Qué pasa si el arrendador también está en situación de “vulnerabilidad económica”? En estos casos, deberán demostrar ante el juzgado donde se tramite el desahucio esta situación de vulnerabilidad, presentando un escrito. El juzgado en tal caso lo comunicará a los servicios sociales para las medidas de protección social a adoptar.

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Moratoria en el pago del arrendamiento

El Real Decreto Ley también promueve la posibilidad de paralizar el pago de la deuda derivada del pago del alquiler.

Cuando el arrendador sea una empresa, entidad pública o bien una persona física o jurídica propietaria de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, se aplicará de forma automática esta moratoria en el pago de la renta. Atención, para ello debe solicitarlo al arrendador en el plazo de un mes, hasta el 2 de mayo de 2020.

En estos casos la empresa arrendadora comunicará al arrendatario en el plazo de 7 días, la decisión sobre cómo va  aplicar la “moratoria”:

  1. Bien una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad a causa del COVID-19, con un máximo de cuatro meses.
  2. O bien, una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad a causa del COVID-19, sin que puedan superarse los cuatro meses.

Atención porque en estos casos la renta se aplazará mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos 3 años, que se contarán a partir del momento en el que se supere la situación de alarma o de vulnerabilidad económica, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización ni intereses.

Para obtener esta moratoria se exigen prácticamente idénticos requisitos que los expuestos a la hora de tratar en el apartado anterior la suspensión del procedimiento de desahucio: encontrarse en ERTE, no tener ingresos por encima de 3 veces el IPREM si es autónomo, etc.

En artículos siguientes, informaremos de más cuestiones de interés.

 

Este sólo es un artículo divulgativo para difundir información a las personas consumidoras, sin que tenga carácter de consulta o asesoramiento.

 

Por último, queremos agradecer los numerosos mensajes de ánimo y apoyo que la Alternativa Consumidores Construyendo Futuro está recibiendo estas semanas.

¡Aquí seguimos!

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