Las políticas de consumo necesarias según Ciudadanos.

 

1200px-Ciudadanos_icono_2017.svgEn su programa ciudadanos tiene propuestas sobre diferentes ámbitos del consumo que comentamos a continuación:

Vivienda:

En la que menciona, segunda oportunidad incluyendo la dación en pago para préstamos hipotecario aunque no desarrolla ni explica en qué consistiría la propuesta de segunda oportunidad ni bajo qué condiciones se permitiría la dación en pago y con qué consecuencias.

Proponen facilitar   de forma temporal una alternativa habitacional en forma vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a su situación económica y familiar a los afectados de desahucio los que también podrán acogerse a plan de pagos de deuda pendiente por lo que entendemos que la dación en pago no implica la cancelación de la deuda sino que existirá deuda pendiente para lo cual proponen cuya mensualidad conjunta no podrá suponer más del 30% de los ingresos mensuales de la unidad familiar.

Añadiendo como otra de las medidas la de la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que no se puedan embargar las prestaciones sociales

Esta medida nos parece del todo equivocada y que no soluciona para nada el problema de los desahucios ya que los consumidores se seguirán encontrando en la situación dramática de aparte de perder su vivienda, mantener una deuda que les impida comenzar de nuevo.

 

De las medidas que proponen  en este área, se entiende que habrá una modificación sobre procedimientos de ejecución y especial sobre la tasación de inmuebles para evitar abusos. La medida poco clara y superflua no parece tener mayor alcance que el de evitar que las viviendas se subasten por un precio mucho menor al de compra y mercado. Se revisarán los procedimientos de ejecución para evitar abusos, especialmente como consecuencia de tasaciones inadecuadas.

Proponen como medida de fomento de alquiler que las casas deshabitadas que sean cedidas por sus propietarios a fondos sociales de vivienda no paguen IBI.

 

Competencia y Control de mercado:

 

Plantea una regulación del mismo para lograr un  nivel de competencia similar a los países de nuestro entorno Europeo para lo cual entre otras cuestiones proponen despolitizar los organismos reguladores, profesionalizándolos mediante procedimientos transparentes y meritocraticos y reformar la normativa para evitar conflictos de intereses.

Proponen separar las funciones de Competencia de las funciones de Regulación de mercados reformando la CNMC, dando lugar a órganos separados y autónomos del Ministerio competente.

 

Algo parecido plantean para el supervisor bancario y asegurador, de manera que no sea el mismo órgano que ha de supervisar el sistema financiero y asegurado del que ha de velar por la protección de los usuarios de estos servicios, por lo que se sobreentiende que existiría unos nuevos órganos supervisores diferentes al Banco de España y Dirección General de Seguros, cuyas competencia seria velar por los usuarios, aunque no menciona en ningún momento de que manera mejorara la protección de los usuarios y modificaran los sistemas de resolución extrajucial de estos servicios para que las resoluciones de dichos órganos deban ser de obligatorio cumplimiento por las empresas del sector.

 

Transparencia en la contratación.

 

El programa también recoge el impulso de este principio en los contratos de seguros e hipotecas, así como prohibición de productos financieros complejos o con cláusulas complejas, otorgando competencia a la CNSF, órgano que pretenden crear con la competencia de velar por derechos usuarios mencionado anteriormente. Dicha propuesta no aparece desarrollada, de hecho solo menciona el impulso, no ninguna reforma legislativa de contratación, ni del registro de cláusulas abusivas, ni de la legislación MiFID II para la protección de inversores, especialmente de ahorradores o inversores minoristas de manera que suena más bien a buenas palabras que a realidades.

 

Crédito.

 

Con respecto al crédito, el programa habla de reformas legales para protección consumidores, clientes y deudores financieros, en el que apuestan porque los “buenos pagadores” reciban mejor trato por parte de las entidades financieras, mediante regulación de ficheros de solvencia. Esta medida podría suponer un trato discriminatorio, que criminalice a aquellas familias y consumidores que durante los años de la crisis económica se han visto abocados por su  situación económica y/o por la abusividad de las condiciones que escondían de los créditos que contrataron  a impagos de manera que estos consumidores tuvieran dificultades para acceder de nuevo a crédito o lo hicieran en peores condiciones.

 

No proponen medidas que buscasen mejorar el acceso a crédito de todo consumidor. Acceso además a un crédito sin trampa ni cartón, y no como el que ha caracterizado a la banca hasta ahora que incluía innumerables cláusulas abusivas que hacían de él un producto toxico, perjudicial para el consumidor.

 

Junto a estas medidas mencionan sanciones para las entidades que otorguen crédito irresponsable, con lo que entendemos que para sancionar primero hay que controlar a dichas entidades. Esta medida positiva, debería complementarse con una regulación profunda que prohíba ciertos tipos de crédito como los créditos rápidos, o regule los mismos, estableciendo  límites a contratación, exigiendo determinadas condiciones para contratación y regulando los intereses. Ya que las sanciones, que además deberá ser de suficiente calado para que disuadan de malas prácticas, no conseguirán evitar el sobreendeudamiento y sus consecuencias sociales para los consumidores.

 

Refuerzo de protección de los derechos de los consumidores mediante reforma constitucional.

 

Proponen una reforma de la constitución para dar mayor protección a los derechos sociales y que gozan de NIVEL MÁXIMO DE PROTECCIÓN regulados en la sección 1ª, Capítulo II, Título I.De estos derechos, todos importantes, nos centraremos en el de vivienda, derechos de consumidores y usuarios.

 

Estos derechos hoy en día no se encuentran dentro de los derechos fundamentales regulados y que gozan de máxima protección en nuestra constitución. La vivienda y los derechos de consumidores y usuarios hoy son principios rectores de la política económica y social, regulados en  Capítulo III, Título I, de manera que su protección es menor, ya los comprendidos en este capítulo: Informan la legislación positiva, a la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Y Sólo pueden invocarse ante los tribunales de acuerdo con las leyes que los desarrollan.

 

Por lo tanto la medida mejoraría la protección de los consumidores ya que al gozar de nivel máximo de protección, los derechos de vivienda y consumidores y otros mencionados,  vincularían  a los poderes públicos.  Su desarrollo se efectuaría por  Ley Orgánica. Quedarían protegidos a través de un procedimiento preferente y sumario  y contra su violación cabría recurso de amparo, siendo  susceptibles de recurso de inconstitucionalidad las normas, disposiciones y actos que vulnerasen tales derechos, protegiendo en sacarlos nuevamente de este nivel de protección pues  en caso de reforma de la constitución, deberá utilizarse el procedimiento agravado del art 168.

 

Ahora bien, en la propuesta de Ciudadanos, no habla de incluir estos principios rectores de la política económica y social, derecho a vivienda y derecho consumidores y usuarios en la Sección I, capitulo II, Título I, sino que habla de crear una nueva sección, sin mencionar el nivel de protección del que gozarían los derechos incluidos en esa nueva sección.

 

Otra medida legislativa de cierto interés es la de impulsar la iniciativa legislativa popular sobre la que proponen reducir el número de firmas exigidas a 250.000 y fijar un plazo máximo de tres meses para su toma en consideración por el Congreso para favorecer la participación ciudadana

 

Aunque insuficiente, ya que creemos que sigue siendo una barrera importante y habría que ir más allá, puede ser interesante para que los consumidores podamos presentar iniciativas de reforma legislativas para la protección de nuestros derechos movilizándonos colectivamente.

 

Economía sostenible.

 

Plantean aplicación estratégica de Economía circular según criterios de la Unión Europea, facilitando el reciclaje, la RSC, el ciclo de vida de los productos para combatir la obsolescencia programa. Todo ello medidas poco ambiciosas e innovadoras pues son planes de la Unión Europea que en todo caso el gobierno que surja tras elecciones deberá aplicar.

 

Justicia.

 

Se olvidan completamente de la acción colectiva y otras reformas para la resolución de los conflictos masivos que afectan a los consumidores

 

Sector financiero

 

Para terminar, proponen una serie de medidas que afectan al sector financiero, de la que podemos destacar por su repercusión más directa sobre los consumidores, la del derecho de medios de pago, para poder pagar con tarjeta cualquier importe superior a 10 euros comprometiéndose a rebajar comisiones.

 

Esta medida tiene un aspecto positivo ya que la reducción de comisiones siempre será recibida bien por los consumidores, pero otra puede no ser tan positiva, ya que la reducción de la circulación de efectivo, que es uno de los objetivos de esta medida, podría acarrear un aumento del consumismo.

 

En todo caso, esta medida, en lo referente a comisiones es poco ambiciosa, ya que sería necesario impulsar una legislación más ambiciosa y que regule las comisiones, hoy en día no reguladas. Además no solo por medios de pago sino de todos los servicios financieros. Estableciendo máximos y controlando que se cobren solamente por servicios solidificados y realmente prestados.

 

Mañana estaremos atentos al resultado de las elecciones, y a partir del lunes, a las medidas que realmente implementen el Gobierno que se constituya tras los resultados de las misma a los que controlaremos y pediremos que la política de consumo pase a ocupar una prioridad en su acción de gobierno, pese a que en sus programas lo hayan desplazado u olvidado y pese a lo desacertado de las mismas o poca ambición. Desde consumidores construyendo futuro animamos a los consumidores a votar y ejercer un derecho fundamental e irrenunciable.

 

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