Programa de Unidas-Podemos, muchas propuestas estructurales

unidas podemosVariadas, argumentadas y de profundidad son las medidas que propone Unidas Podemos (UP) en materia de consumo. “Variadas” porque abordan diversos aspectos de la protección de las personas consumidoras, pese a que olvida aspectos fundamentales para los consumidores como la protección al ahorro. “Argumentadas”, porque expone las razones de las medidas propuestas, aunque no siempre lo consigue. Y de “profundidad”, porque algunas recetas de su programa electoral requieren de modificaciones sustanciales, como reformas constitucionales. Lograr dar efectividad a estas propuestas con el alcance planteado, resulta algo más complicado políticamente, lo que puede provocar expectativas frustradas entre los votantes.

Energía, reformas estructurales ¿con qué apoyo político se llevarían a cabo?
Las propuestas en materia de energía recogen medidas que requerirían cambios profundos. Por ejemplo, UP plantea que “cambiarán las condiciones de la subasta, de manera que la energía renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y no las energías más caras como ahora”. Además, proponen “Crear una empresa pública eléctrica”. No explican el coste de poner en marcha esta medida, ni qué trabas o dificultades pueden provenir desde la Unión Europea, que prohíbe empresas o ayudas públicas a empresas.
En cuestiones más concretas, sí hace un diagnóstico más cercano al consumidor. En “Una factura de la luz más barata y justa”, dice que “La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. El término fijo, que pagas aunque no consumas nada, no será superior al 25 % de la factura y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. A esto se sumarán protecciones frente a la pobreza energética.” Sin embargo, no explican cómo lograr que el término fijo no sea superior al 25%.
Esta propuesta va ligada a otra sobre “Suministros básicos garantizados.” UP parece tener claro que “con las reformas estructurales del sistema eléctrico, se bajará el precio de la factura de la luz, pero también se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuan-do el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza sobrevenida.” Añade que “además, se sumarán a un sistema de sanciones a las compañías cuyos contratos contengan cláusulas abusivas o sean opacas en su gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas”. Las sanciones en tema de cláusulas abusivas ya se contempla en nuestra legislación y algunas Comunidades Autónomas lo han aplicado, aunque sus sanciones acaban en interminables procedimientos judiciales. Echamos en falta un auténtico plan de control y revisión de cláusulas, la creación de un contrato básico homogéneo para todas las compañías, y en todos los ámbitos de contratación de bienes de interés público, que depure estas cláusulas contractuales.
En cuanto a las “reformas estructurales”, resultas indudable, como hemos planteado al comentar otros programas electorales, que la liberalización de sectores básicos sólo ha traído mayores precios a los consumidores, y que terminar con ello requiere de medidas profundas que abordaran la raíz del problema. Sería interesantes que UP explicara con más detalle cómo va a trabajar en esta dirección, ya que el esfuerzo de enfrentarse a los lobbys energéticos puede suponer un gran desgaste político que requiere de apoyos políticos y de la opinión pública.
Bancos, pocas medidas concretas para los consumidores
Al igual que en el ámbito de la energía, las propuestas en materia bancaria tiene dos grandes líneas de gran calado: recuperar los 60.000 millones del recate bancario y establecer un impuesto a la banca.
Es innegable que los contribuyentes han pagado la factura de la reestructuración bancaria, un proceso que ha beneficiado a grandes bancos y ha concentrado aún más su poder. Este pago se ha traducido en crisis y en recortes sociales. Pero además, como personas consumidoras también se ha pagado el peaje. La venta de preferentes, las medidas adoptadas desde Europa para hacer pagar la crisis a los pequeños ahorristas, la infinidad de cláusulas abusivas en contrato, o los desahucios, son otras formas en que se ha pagado a la banca su crisis y transformación. UP no puede olvidar esta parte de la factura de la banca. Por eso, adoptar medidas para poner solución eficaz y rápida a las demandas de las personas consumidoras entrampadas por los abusos de la banca, sería una medida más concreta y factible.
En cuanto al impuesto a la banca, este problema se enmarca en uno de dimensiones mayores, como es la fiscalidad que pagan las grandes empresas por el Impuesto de Sociedades, y que requeriría un debate profundo sobre el modelo impositivo. Al margen de ello, la cuestión que preocupa es que las tasas a la banca no acaben repercutiéndose al consumidor. Cualquier medida fiscal en este sentido, debe llevar aparejada una reflexión sobre los medios para evitar esta traslación impositiva.
De forma concreta para las personas consumidoras, UP plantea dos propuestas: “Implementar la tecnología blockchain para reducir las comisiones bancarias” y recaudar de la banca con carácter retroactivo el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados por las hipotecas.
La ciencia de los algoritmos ha venido para quedarse. La tecnología blockchain abre un campo de infinitas posibilidades donde el sector financiero está cobrando ventaja. Nos parece bien que se aplique a las comisiones bancarias, pero son muchos los ámbitos en los que va a afectar a las personas consumidoras, desde las condiciones de los contratos y su cumplimiento, formas de contratación, protección de datos personales, etc. Por eso, resulta muy pobre el ceñirlo a las comisiones, sin dejar de ser acertado. Creemos que el plan debería hacerse más ambicioso, vigilando también los riesgos que puede conllevar para las personas consumidoras las tecnologías blockchain aplicadas por las empresas.
En relación al “impuesto de las hipotecas”, desde noviembre de 2018 ya le corresponde pagarlo a la banca. La propuesta de UP es que se cobre con carácter retroactivo a las entidades financieras y, por tanto, se devuelva a los consumidores lo que en su día abonaron. Es de justicia una propuesta así, ya que han sido décadas durante las cuales la banca se ha beneficiado de una “exención” que se ha cargado sobre los clientes, aunque su encaje legal podría resultar difícil.
Medidas de control de mercado y democratización de empresas
Una de las propuestas llamativas de UP es “Reforzar las leyes antimonopolio”. Para ello, avanzan que desarrollarán “leyes que dotarán a la Administración de instrumentos efectivos y aumentaremos las multas en casos de carteles y oligopolios. Además, reforzaremos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso y dotándola de los recursos necesarios para evitar que su poder esté muy por debajo del que tienen los oligopolios que debe controlar.” Es necesario dar más autonomía y recursos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que necesita una reestructuración. Sus sanciones acaban en los Tribunales, que no pocas veces quitan la sanción a las empresas. Olvida UP que se ha incorporado a nuestras leyes una Directiva europea en materia de Defensa de la Competencia que debe suponer un empujón para reforzar este aspecto del control del mercado que en otros países tiene una gran relevancia. Nada dicen del papel que deberían cumplir las asociaciones de consumidores en la lucha por una competencia justa que beneficie a las personas consumidoras.
No es acertado, como propone UP, “reconocer a las y los autónomos y a las pymes su condición de consumidores en sus relaciones con grandes corporaciones por servicios distintos al de su actividad principal.” Equiparar la condición jurídica de personas consumidoras a empresas que en sus relaciones con aquellas vulneran sus derechos en ocasiones, supone violentar la naturaleza jurídica del concepto “consumidor”. Si se quiere reforzar los derechos de las pequeños autónomos, podría hacerse sin necesidad de considerarlos consumidores.
Otra de las líneas de Unidas-Podemos es la de “Democratizar las empresas”. Hablan de impulsar “la participación de los trabajadores en la dirección y en el accionariado de las empresas, como ya ocurre en Alemania y en Francia, para que nuestra economía aproveche ese talento y las decisiones estratégicas de las empresas sean mejores”. Sin embargo, olvidan incomprensiblemente una realidad mucho más cercana y necesaria de impulso, como es la participación de los pequeños accionistas en las empresas cotizadas. Su número es considerable, pero su peso, por la dispersión y poder decisorio que tienen las cotizadas en el diseño de las juntas de accionistas y órganos de gobierno, requieren una actuación política decidida, ya que además, contribuiría a mejorar derechos de los propios ahorristas en cuanto personas usuarias de los servicios que puedan prestar como consumo final.
Justicia: Unidas Podemos se olvida de la acción colectiva de las personas consumidoras.
“Volver a prestigiar el Tribunal Supremo y modernizar el acceso a la carrera judicial” y “Garantizar el derecho a una Justicia de calidad”, son los elementos centrales que encabezan las propuestas en materia de Justicia. Entre ellos se habla de la reforma de la ley de Tasas Judiciales, la mejora de dotación y recursos a los juzgados, así como mejora de la ley de asistencia gratuita. Conformes con estas medidas, pero olvidan, al igual que otros partidos, de que para los consumidores lo más inmediato es una reforma de la acción judicial colectiva. Con ello se lograría equilibrar las fuerzas de las personas consumidoras ante las empresas ante escándalos masivos.
De forma detallada propone el programa de UP una “segunda oportunidad para las personas con deudas.”. Para las personas físicas, incluidas consumidoras, la “segunda oportunidad” ha sido un procedimiento fracasado. El partido que encabeza Pablo Iglesias y Alberto Garzón propone “nuevo procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que tendrá una fase de conciliación, en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras. Esta propuesta podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones de deudas. En caso de que no haya acuerdo, será el juez o la jueza quien decida el plan de pagos. En el caso de deudoras y deudores hipotecarios, este procedimiento permitirá realizar una dación en pago, incluso retroactiva.” Salvo la cuestión final, las fases ya existen en el actual procedimiento. Su mayor problema es el peso que tienen las entidades financieras en los acuerdos para reestructurar la deuda, ya que para las personas consumidoras la hipoteca es la deuda mayor. Nos parece bien que se reforme este procedimiento, y se logra acercar a los procedimientos de sobreendeudamiento de otros países, sin tanta complejidad para la persona endeudada y más poder de decisión para el juzgado, atendiendo las necesidades del consumidor.
Este apartado se enlaza con la propuesta de “Garantizar el derecho a la defensa de los deudores y las deudoras hipotecarias.” Por ello pretenden cambiar el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba y para que se aplique de manera correcta la normativa europea de protección de las personas consumidoras, en especial la Directiva 93/13 dela Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores”. Esta medida se debería incluir junto a esa reforma de la acción colectiva pendiente, en una normativa procesal propia para tutelas los derechos de las personas consumidoras ante los tribunales.
Garantizar la revalorización de las pensiones públicas, nada sobre ahorro para la jubilación.
De forma tajante y escueta UP propone “incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas”, así como garantizar la revalorización de las pensiones públicas mediante la “actualización por ley de las pensiones al IPC” a lo que añaden que buscarán blindar esta garantía “constitucionalizándola de forma expresa”. En relación a esto último, los términos en que se expresa la propuesta arrojan ya una idea sobre su dificultad que requiriría una reforma constitucional y el necesario consenso de otros grupos políticos. Es aceptable que se garantice un nivel adecuado a las personas pensionistas, que tanto han peleado por ello. Pero no podemos olvidar a quienes desde hace años van ahorrando poco a poco para su futura jubilación. Los planes de pensiones no tienen buenos resultados financieros y sus costes son elevados, sólo la fiscalidad es atractiva, aunque no a todos beneficia fiscalmetne por igual, y dependiendo de cómo se rescate la factura fiscal puede ser alta. El ahorro para complementar la jubilación, sobre todo entre pequeños ahorradores, está pendiente de una gran reforma que ninguna propuesta electoral aborda.
Amplias medidas en materia de acceso a la vivienda.
Numerosas propuestas planeta el Partido Unidas- Podemos para afrontar el problema de la vivienda. Una básica sobre la que se asientan las medidas que desarrollan posteriormente: “Blindar en la Constitución el derecho a la vivienda como derecho fundamental y desarrollar legalmente las garantías des u efectividad”. Esta medida, difícil ya que exigiría una reforma constitucional, permitiría amparar las propuestas que realizan. En concreto, “Intervenir el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios y garantizar un alquiler estable y seguro para personas inquilinas y pequeñas propietarias”. Hay un cambio notable en la propuesta de “Garantizar un alquiler estable, asequible y seguro” cuyo objetivo es asegurar la renta y la estabilidad del contrato en beneficio de arrendador e inquilino. Para ello, se propone “implantar un contrato de arrendamiento indefinido, estableciendo causas claras de rescisión justificada. En los casos en que el arrendatario sea especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (sociedades inmobiliarias y fondos buitre), el contrato de alquiler se prorrogará de manera automática.” Esto supone un cambio respecto a la situación anterior, limitada a 5 años y con prórrogas anuales. Sin embargo, creemos que deberían analizarse con detalle sus repercusiones jurídicas y económicas.
Respecto a la noción de “arrendatario vulnerable”, este supone un concepto nuevo e interesante, que debería especificarse a qué colectivos y con qué criterios resultaría aplicable. Esta medida se complementa con otra referida a que “en ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus familias en situación de vulnerabilidad, sin que la Administración competente garantice un realojo en condiciones dignas.”

También avanzan en la necesidad de “crear un gran parque de alquiler público de precio asequible”, y aquí sí se detallan las medidas para ello: “ incrementaremos en 50.000 viviendas al año,durante toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda, junto con otros sancionatorios, para impedir el acaparamiento y la especulación con viviendas vacías. Aumentaremos la inversión pública en vivienda hasta equipararla a la media europea.”
Sanciones con resarcimiento para las personas que han sufrido fraudes de consumo.
Por último, una medida concreta para proteger los derechos económicos de las personas consumidoras es la de “Garantizar el derecho a una indemnización añadida automática para las personas consumidoras en caso de fraude.” Esto significa que “la persona consumidora no solo tendrá derecho a la devolución de lo cobrado indebidamente o del daño causado, sino a una indemnización añadida por las molestias, que opere también como un desincentivo contundente al fraude”. En realidad nuestra normativa de protección a los consumidores ya recoge esta posibilidad que sólo debe ser convenientemente regulada. Supondría un avance, ya que las multas en consumo no van destinadas a paliar el fraude patrimonial ocasionado a los consumidores. Sin embargo, el problema al que esta propuesta se enfrenta es que la empresa recurra la multa ante los tribunales.

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