Propuestas a debate: un programa de gobierno para las personas consumidoras. Parte 1

A dos semanas de las elecciones general y con una campaña electoral en plena marcha, es hora de que los candidatos escuchen la voz de las personas consumidoras. El documento que a continuación os ofrecemos no tiene ánimo de ser un programa electoral consumerista, ya que ello exige antes que como consumidores y consumidoras nos pronunciemos. Por eso nos limitamos a plantear algunos enfoques y propuestas de reflexión para fomentar el debate y concretar qué pedimos al nuevo gobierno y a la oposición.

Queremos recordaros también que tenéis a vuestra disposición las propuestas electorales que Alternativa Consumidores Futuro ha presentado a las elecciones de Adicae. Podéis acceder a través de este enlace

https://consumidoresconstruyendofuturo.com/programa/

Esperamos que vuestra voz se haga oír.

Seguiremos analizando los diferentes programas electorales. En este enlace encontraréis el análisis de las propuestas del PSOE (…), PP (…) Podemos (…) y Ciudadanos (…)

 

https://elpais.com/especiales/2019/elecciones-generales/programas-electorales/

 

Líneas básicas para la reflexión parte 1.

1. Vivienda, un derecho básico lejos de la especulación

Un derecho convertido en fuente de negocio sólo puede traer como consecuencia lo que hemos visto en los últimos quince años en España: una quiebra económica del país, cientos de miles de familias desalojados de su hogar y millones de consumidores con dificultades, cuando no imposibilidad, de acceder a una vivienda. Lo estamos viendo ahora mismo con el alquiler. Esta situación no es producto de la “naturaleza de las cosas”. El sistema diseñado mediante leyes ha tolerado y permitido este escenario. Revertir esta situación exigiría ir al corazón del problema mediante una política pública de acceso a la vivienda al alcance de todos. Somos consciente de que mientras el monopolio del crédito esté en manos de la banca y el modelo productivo de España no sea otro, esto exigirá una lucha amplia conjuntamente con otras organizaciones sociales. Apuntado ésto, aportamos al debate algunas cuestiones concretas:

Separación absoluta del negocio bancario del inmobiliario. Si en EE.UU. la crisis se desencadenó en gran parte por la íntima vinculación entre banca comercial y de inversión, aquí en España ese papel conflictivo lo jugaron las alianzas accionariales entre banca e inmobiliarias. Por ello, apostamos por la prohibición de que las entidades de crédito puedan participar en el accionariado, directa o indirectamente mediante empresas interpuestas, de inmobiliarias, constructoras, promotoras, o Socimis (Fondos que invierten en alquileres).
La política legislativa que afecta al acceso de vivienda exige una reconversión absoluta en términos de protección a los consumidores. La conocida como “ley de segunda oportunidad” es un fiasco que en poco o nada beneficia a las personas físicas. La panoplia de normativas sobre medidas de protección de deudores hipotecarios sin recursos exige una revisión que haga balance, analice los puntos problemáticos y adopte medidas de más amplio calado. Dada la amplitud y complejidad, proponemos que desde el Gobierno se impulse la constitución de una Mesa de negociación sectorial entre operadores de mercado, asociaciones de consumidores representativas, expertos y administración que concluya en un Acuerdo Nacional Marco para la reforma de los derechos de los consumidores en este ámbito, base para modificaciones normativas posteriores.
La reciente aprobación de las normativas sobre créditos inmobiliarios y sobre alquileres, exige un seguimiento de su aplicación.
Respecto de los créditos inmobiliarios, proponemos que desde el nuevo gobierno se impulse el diseño de planes de control anual del supervisor sobre el cumplimiento por las entidades bancarias de la nueva normativa sobre crédito inmobiliario.
Sobre los alquileres, apenas un 16% de hogares viven en régimen de alquiler. Un crecimiento grande respecto a la cifra de 2008, pero muy por debajo de los niveles en Europa. Además de medidas legislativas que establezcan un equilibrio en las relaciones contractuales entre arrendador y arrendatario, hay que fomentar un parque público de vivienda de alquiler. Los dos últimos Planes de Vivienda se han centrado en ello, con resultados insuficientes debido a la escasa dotación presupuestaria. Nuestra propuesta va dirigida a fomentar la inversión pública en alquileres, pero además proponer alternativas habitacionales a partir de formas nuevas de acceso a la vivienda, a medio camino entre el alquiler y la propiedad, como sucede en muchas países de nuestro entorno y permite nuestro Código Civil y el de otras comunidades con derecho civil propio. Hay que abordar igualmente la cuestión de las viviendas vacías, cómo incentivar su puesta a disposición para ser arrendada. Una amplia e imaginativa política pública es la única capaz de frenar la actividad especulativa de los llamados “fondos buitres”. La regulación de estos Fondos es otra medida necesaria, que garantice el derecho de vivienda sobre la mera especulación.
Tanto para créditos inmobiliarios como para alquiler, proponemos la creación de un Observatorio Permanente del Acceso a la Vivienda, a nivel estatal y con participación del sectores sociales con estos cometidos:
Seguimiento de la aplicación de las nuevas normativas sobre crédito inmobiliario y alquileres, de cara a evaluar su efectividad y proponer las necesarios ajustes.

A partir de las sentencias judiciales y resoluciones del Banco de España en materia de crédito inmobiliario dictada en los últimos años, proponer un documento base para elaborar un proyecto de ley que permita mejorar la ley de crédito inmobiliario.

Proteger el ahorro garantizando los derechos

El fruto de años de trabajo de las personas consumidoras no puede quedar sin el grado de seguridad necesario acorde con ese esfuerzo. El rosario de escándalos financieros ha arrasado con el sistema financiero español y en su caída ha arrastrado los ahorros de miles de familias. Los intereses por salvar a la banca a toda costa primaron por encima de los ahorros que sirvieron para intentar tapar trampas de la banca. Sucedió con la salida a bolsa de Bankia y con el timo de las preferentes. Buena culpa de ello reside en los organismos supervisores, pero también en los gobiernos respectivos. Las reformas normativas que se han promulgando para mejorar la protección al clientes es insuficiente por cinco razones: por el contexto de tipos bajos de interés, por la creciente ingeniería financiera, por los costes en forma de comisiones, porque informar al cliente no es suficiente, y porque la ley actualmente no prohíbe comercializar productos de inversión a determinados clientes. Por eso es necesario avanzar hacia una reforma normativa de la Ley del Mercado de Valores que ataje estas prácticas.

Ante situaciones coyunturales, como tipos bajos, las empresas bancarias diseñan productos cada vez más complejos. La información no es suficiente. Las personas consumidoras nunca lograremos entender el funcionamiento de un producto financiero para el que no tenemos la formación necesaria, y por tanto nunca podremos sopesar suficientemente si el riesgo compensa el beneficio, si es que este existe. La información sirve de poco, y menos dejada en manos de comerciales bancarios. Por eso, la solución que proponemos es doble:
Por un lado modificar la ley del mercado de valores para prohibir tajantemente la comercialización de productos financieros complejos que el consumidor no puede comprender. De nada sirve advertirle de los riesgos si no hay una profunda comprensión del producto, ya que tampoco se es capaz de entender cuáles son las oportunidades de rentabilidad. Corresponde evaluar al cliente y éste jamás podrá hacerlo si no tiene el mismo nivel que quien ha diseñado el producto. Sería como conducir un camión de mercancías peligrosas con un carnet de motocicleta. Hasta ahora la ley sólo exige proporcionar información, evaluar al cliente, sus objetivos y su capacidad para invertir. Cuestiones razonables que sin embargo no impiden en ultima instancia que el banco coloque un producto inadecuado. Nuestra propuesta es que se prohíba vender este tipo de productos. Definiendo bien a qué tipología nos referimos, así como las consecuencias administrativas y civiles del incumplimiento de esta obligación por parte de la entidad bancaria.
La segunda propuesta es la creación de un organismo inspector y supervisor específico en materia financiera, incluida la referida a productos de pasivo como crédito. Un organismo independiente en lo orgánico, funcional y presupuestario del Ministerio de Economía, con capacidad sancionadora y regulatoria y con presencia en órganos consultivos y deliberativos de organizaciones que representen intereses de los consumidores.

Por último, proponemos que se promulgue una ley para regular los derechos de los accionistas minoritarios en las empresas cotizadas. Definiendo su papel, atribuyendo más derechos y regulando sus organizaciones asociativas. No puede haber una mínima democracia empresarial, si ello es posible, sin al menos una presencia reforzada de quienes forman parte del capital de forma minoritaria.

Justicia para las personas consumidoras, la gran asignatura pendiente

No hay derechos sin justicia que los imponga. Por sus características, la protección de los intereses legítimos de las personas consumidoras exige una justicia de cercanía, rápida y económica, que atienda al pequeño abuso personal. Pero también una justicia que llegue a todo el colectivo y que sea reparadora de sus derechos. Ambas dimensiones ya existen: los mecanismos extrajudiciales y la llamada acción colectiva. Tanto unos como otra, requieren de medidas de mejora.

Resolución de litigios extrajudiciales. La reciente ley 7/2017 sobre esta materia no está poniendo orden en el laberinto de las reclamaciones. Cada sector tiene su peculiar vía de reclamación, existen diversas instancias, diversos organismos territoriales y sectoriales. La razón de ello es que, como reconoce la propia ley, en ella no se regula ni desarrollan procedimientos de resolución alternativa de litigios, sino que se limita a establecer requisitos de calidad de las entidades responsables de dictar resolución. Creemos por tanto que hay que reformar esa ley, que se puede y se debe poner negro sobre blanco procedimientos de resolución concretos, accesibles y fáciles de entender para las personas afectadas y, sobre todo, que resuelvan sus problemas con eficacia. La Directiva Europea de la que surge esta ley, al tratarse de una Directiva de mínimos permite a cada Estado ir más allá, cuestión que no se ha llevado adelante, por eso creemos que es el momento. Estos procedimientos deberían cumplir unos requisitos.
Incentivar el cumplimiento por parte de las empresas de las resoluciones que se dicten a favor del consumidor: regulando como agravante de las sanciones el incumplimiento de la empresa a una resolución favorable a su cliente, incentivando fiscalmente el acatamiento de las resoluciones, bonificando a las empresas que cumplan las resoluciones extrajudiciales favorables al cliente en contrataciones con la administración, etc.
Uno de los mecanismos de resolución de conflicto extrajudicial más exitoso y transversal, por referirse a todos los sectores económicos, es el Arbitraje de Consumo. Este sistema no es aceptado por numerosas empresas de los sectores más significativos. Proponemos que desde el Gobierno se diseñe un plan que contemple su modernización e incentive su adhesión entre sectores más reacios.

Proponemos, como novedad la regulación de una mesas de mediación y negociación específica entre administración, asociaciones de consumidores y empresas cuando exista un problema de dimensiones colectivas. Esta mesa de mediación serviría para encontrar soluciones conjuntas a problemas que perjudiquen a un gran numero de personas consumidoras en una empresa, como paso previo a una actuación judicial colectiva; y además se puedan abordar soluciones generales para problemas reiterados en un sector empresarial .

La vía judicial. Recurrir a los tribunales asusta a las personas consumidoras por su complejidad, ceremoniosidad y costes. Es preciso avanzar mejoras que palíen esta situación en dos direcciones:
Creación de procedimientos rápidos de pequeña cuantía. Muchos consumidores no encuentran solución a sus problemas reclamando a los mecanismos extrajudiciales creados por la empresa o la administración, y se ven condenados a acudir a la vía de los tribunales lo que sucede pocas veces quedando así una posible ilegalidad sin resolver. Tomando como modelo el proceso monitorio actual y el ejemplo en otros países, es preciso diseñar un procedimiento rápido y desprovisto de complejidad formal, donde las pequeñas controversias de consumo de cuantías reducidas se resuelvan de forma ágil. Este sistema podría incentivar las vías de resolución extrajudicial, por ejemplo regular que en caso de que un juez diera la razón a la persona consumidora, pudiera imponer una sanción al empresario que no hubiera acatado una resolución extrajudicial previa favorable al cliente.

La otra gran cuestión pendiente es el diseño de un procedimiento de acumulación de acciones y de acción colectiva que agrupe a gran cantidad de perjudicados. Consideramos que debe avanzarse en una regulación específica, con naturaleza y autonomía propia dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o incluso al margen, dentro de la normativa general de consumo. Por ello proponemos que el Gobierno cree una Mesa para la Modernización del Derecho Procesal de los Consumidores. Su objetivo, elaborar un documento base que fije los problemas a resolver y las propuestas y criterios para dar solución y definir un procedimiento colectivo específico para las personas consumidoras mediante una reforma procesal. La experiencia acumulada todos estos años, las deficiencias detectadas, deben ponerse sobre la mesa y debatirse entre representantes de la judicatura, organizaciones de consumidores, colegios de abogados y expertos.

Una fiscalidad que incentive un trato justo a las personas consumidoras.

El sistema tributario es una piedra angular en la configuración del Estado de bienestar. Los principios constitucionales de justicia, igualdad y solidaridad sólo son plenamente eficaces sobre la base de un sistema impositivo adecuado. Como principio rector de la política social y económica, y en el marco de un modelo económico actual, consideramos que la protección de los legítimos intereses de los consumidores y usuarios debe ser un criterio añadido a la hora de diseñar el sistema impositivo. De esta forma proponemos:

Eliminación de la “tasa rosa”, es decir, el gasto adicional que a través del IVA pagan de más las mujeres por la adquisición de productos más empleados.
Deducción fiscal para el inquilino en los contratos de arrendamiento. Tras un breve periodo en que se adoptó una deducción de este tipo, pronto fue eliminada. Ahora sólo existe deducción al arrendador, como forma de incentivas la puesta en el mercado de vivienda en alquiler. Consideramos que un factor para potenciar esto, sería regular una deducción fiscal en el IRPF al inquilino.
Incentivar fiscalmente mediante beneficios a las empresas que presten servicios o comercialicen bienes dirigidos a los consumidores si cumplen estos dos requisitos:
a) No haber recibido sanciones en materia de protección a los consumidores o de la competencia en los 4 años anteriores, y

b) se hallen adheridas sin salvedades al sistema arbitral de consumo.

La energía, medidas para potenciar un servicio público para los consumidores

Cuando hablamos de energía nos estamos refiriendo a un suministro básico para la calidad de vida de los hogares. La realidad demuestra que la liberalización ha traído consigo un oligopolio que lejos de abaratar los costes, éstos han ido creciendo. Además, ha permitido a las compañías eléctricas convertirse en auténticos “reguladores en la sombra” para favorecer sus propios intereses. Somos conscientes que ésto constituye el verdadero trasfondo del problema. Cualquier política dirigida a los consumidores no será sino una medida complementaria mientras no se aborden en profundidad cuestiones como las apuntadas, y que se reflejan de forma directa en el mercado de subastas o el coste de conexión de acceso. Desde nuestra posición proponemos para debatir las siguientes cuestiones:

Las compañías eléctricas constituyen la tipología de empresas más reclamadas. Su posición en el mercado parece hacerlas inmunes a cualquier medida sancionadora que se les imponga. Es necesario por tanto actuar con medidas resolutivas.
Establecer un modelo de contrato básico que, adaptado a las condiciones de cada oferta, presente al consumidor las condiciones de consumo, obligaciones y derechos y costes, mediante ejemplos representativos. Consideramos necesario que la entidad supervisora revise las condiciones comunes de los contratos antes de su puesta en el mercado, así como la publicidad. Propugnamos igualmente confeccionar modelos de ofertas vinculantes de contratación para que el consumidor pueda analizar y comparar durante un plazo de tiempo.
Las prácticas fraudulentas a la hora de comercializar servicios eléctricos constituyen una tónica generalizada. Sería conveniente exigir a las empresas que comuniquen a las autoridades supervisoras una trazabilidad sobre el servicio que van a ofertar: desde el diseño de las condiciones económicas y del servicios a prestar, hasta la forma de su comercialización. Establecer además un plazo de prueba o desconexión de dos meses, sin coste para el consumidor.
Endurecer las sanciones administrativas por fraudes cometidos a los consumidores, dentro de las cuales incluir la obligación de devolver al cliente lo abonado indebidamente.
El llamado “Bono social” está lejos de cumplir su cometido. Las condiciones establecidas en la regulación de octubre de 2018 son insuficientes. En un país donde, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, el salario bruto anual más frecuente es de 17.509,37 euros los hombres y 13.500,44 las mujeres; y la contratación temporal es un mal endémico, el margen económico para acceder a un bono verdaderamente social debería ampliarse. Para ello, proponemos un aumento del indicador del IPREM y atender además a perspectivas de género, dependencia, etc. De poco sirve que haya subido el salario mínimo interprofesional, sin que lo haga este indicador, ni se tengan en cuenta otros aspectos sociales. De forma añadida debería aumentarse notablemente el número de kWh que permita acceder al bono social.

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