Poco contenido y concreción en las propuestas sobre consumo del Partido Popular

Resultado de imagen de partido popularMedidas fiscales… para apoyar a la banca

En materia de fiscal, el Partido Popular propone en un “Blindaje Fiscal del ahorro para la jubilación que, entre otras cosas, extienda los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y a los planes de ahorro.” El gran problema de los planes de pensiones ha sido su escasa rentabilidad, como demuestran numerosos estudios. La tributación de este producto de ahorro ha sido por contra el único gancho para atraer clientes a las entidades financieras, algo en lo que están muy interesadas en mantener. Una fiscalidad, por lo demás engañosa por cuanto a la hora de rescatar estos productos de ahorro jubilación hay que pagar un alto peaje impositivo.

Por otra parte, sobre recuperar la fiscalidad de la vivienda habitual, parece más otra medida dirigida a complacer a las entidades de crédito para incentivar la contratación de hipotecas. Hay que recordar que ya la OCDE advirtió que la deducción en vivienda fue uno d ellos acicates que echaron leña al fuego en la creación de la burbuja inmobiliaria. El gran debate debe centrarse entre deducciones fiscales (a fin de cuentas, menos ingresos públicos) o más apoyos para acceder a vivienda pública para los consumidores.
Respecto a esto, otra medida de carácter fiscal, la 335 dice: “Incrementaremos la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando los arrendatarios sean jóvenes o mayores de 65 años con ingresos bajos”. Si hay algo que se necesita fiscalmente son deducciones para el inquilino, sobre todo para los jóvenes que van de empleo en empleo y que por ello siempre tienen obligación de tributar. Estas deducciones ayudarían a minorar la carga impositiva de este colectivo.
En su medida 28, el partido que preside Pablo Casado dice que “Eliminaremos el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual”. Ésta es una medida claramente favorable a la banca. Desde noviembre de 2018 los consumidores ya no pagamos este impuesto. El Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modificó el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, estableció que el sujeto pasivo en los casos de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria será el prestamista, es decir, el banco.

Atención a las propuestas sobre Pensiones

La medida 131 propuesta en su programa por el PP establece que “Las pensiones deben mantener su poder adquisitivo. La revalorización tendrá en cuenta tanto el IPC como otros indicadores que garanticen el cumplimiento simultáneo de los principios de mantenimiento del poder adquisitivo y sostenibilidad.” Hay que advertir que el PP hace mención al IPC y a “otros indicadores”, precisamente los que contribuyen a menguar la prestación. Existen otras formas de mantener la sostenibilidad del sistema, que nunca debe ser a costa de perder poder adquisitivo.

Contratos más claros

Una medida razonable, por contra, aparece en la propuesta 109 de su programa electoral: “Promoveremos que de los contratos más habituales como los de luz,agua, telecomunicaciones, banca, gas y seguros, así como las hipotecas de primera residencia, existan modelos estandarizados, con cláusulas sencillas de entender y opciones claras para el solicitante de los servicios. Para ello trabajaremos con las asociaciones de consumidores, empresas, registradores y notarios.” No dice sin embargo cómo va a articular ésto y qué normas se verán afectadas, si a través de un grupo de trabajo específico, una comisión parlamentaria, etc. Aunque lo importante es precisar la eficacia de esta medida en el sentido de poder determinar si estos modelos de contratos van a ser de obligado cumplimiento. Otro aspecto interesante hubiera sido establecer que además de “cláusulas sencillas”, el trabajo se hubiera centrado además en evitar cláusulas abusivas.

Riesgo de convertir la política de consumo en beneficencia social

Estamos de acuerdo con la medida “110. Favoreceremos la protección de los ‘consumidores vulnerables’ (mayores, personas con discapacidad, ciudadanos en riesgo de exclusión social, menores de edad… personas merecedoras de un especial amparo) para contrarrestar posibles situaciones de inferioridad en las que puedan encontrarse.”. Los consumidores vulnerables son una figura que se regula en numerosa normativa en materia de consumo. Ahora bien, hay que cuidarse mucho de confundir la protección de estos destinatarios, con la de el de las personas consumidoras en general. De lo contrario, la política de consumo corre el riesgo de convertirse en una “política de beneficiencia”, que sin duda debe existir con sus particularidades propias y atendiendo a sus necesidades. La mejor forma de proteger a todos los consumidores, incluidos los especialmente vulnerables, es elevando el nivel de protección al máximo posible. Los riesgos provienen de las empresas, sus productos, servicios y contratos. Sólo en ocasiones, el riesgo puede provenir de la situación vulnerable de las personas consumidoras, pero por comportamientos de las empresas. Donde hay que actuar, siempre y en todos los casos, es sobre las empresas.
La propuesta 280 detalla algo estas medidas: “Reforzaremos la protección del bono social, para que mejore la protección de los consumidores más vulnerables”, aunque no dice cómo. Hubiera sido interesante que se detallasen más colectivos y medidas, por ejemplo las personas mayores en relación a un riesgo que ya es evidente, como es el uso de las nuevas tecnologías para comercializar productos y gestionar contratos, especialmente por las entidades bancarias. Esto enlaza con la propuesta “112.
Realizaremos campañas para que los consumidores reciban información clara sobre la utilización, características y propiedades de los productos que utilizan la inteligencia artificial, algoritmos y tecnología robótica.” Creemos que además de información, que resulta siempre necesaria, aunque nunca suficiente, lo que debe hacerse es establecer un régimen claro de regulación sobre pautas de comportamiento de las empresas. Y aquí sí, con especial incidencia en los consumidores vulnerables.
En la propuesta 113 el Partido Popular se compromete a proteger “al consumidor de la obsolescencia programada, es decir, la reducción deliberada de la vida útil de cualquier producto, en especial del ámbito tecnológico y electrodoméstico.” Nada dice sobre cómo va a hacerlo.

Olvido de los consumidores en riesgo de perder su vivienda hipotecada

Dice el programa del partido que preside Pablo Casado, punto 221: “Reformaremos la Ley de Segunda Oportunidad para facilitar el cierre de empresas fallidas”. Sin perjuicio de atender esta necesidad, lo cierto es que la gran falla de la “ley de segunda oportunidad” es su ineficacia para atender las situaciones de quiebra familiar. Una ley fallida en este aspecto que no parece merece atención por parte del equipo de Pablo Casado.

Defensa de la competencia: proponer más de lo mismo

“Reforzaremos las funciones de vigilancia de la competencia de los mercados energéticos correspondientes a los organismos independientes y la Administración General del Estado”. Asi dice la propuesta 285 del programa electoral. Esta propuesta no viene precedida de un análisis, aunque breve, sobre las razones para aplicarlo. Las funciones de vigilancia y sanción de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia CNMC merecen un repaso. Hace unos años se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico una normativa que podría empujar esta labor, sin embargo no parece haber interés por ella. Hubiera sido una acertada forma de concretar las actuaciones. No olvidemos que las sanciones, escasas, que impone la CNMC acaban siendo rebatidas en muchos casos en los Tribunales. Hay deficts, sin duda, que apremian a reforzar este control. Pero tampoco se dice cómo.

Alquileres

El número 333. de las medidas electorales propone “Favoreceremos el desarrollo de seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino,especialmente para facilitar el alquiler de los jóvenes. Implantaremos sistemas de arbitraje para resolver, de manera rápida y poco costosa, conflictos entre arrendadores y arrendatarios.” Otra medida más para favorecer al sistema financiero. “Facilitar” la vivienda para los jóvenes no pasa por “favorecer seguros”, sino por una política más amplia y compleja en materia de arrendamientos, contratos, social, etc. Por otra parte, parece razonable la medida de un sistema arbitral para solucionar controversias arrendador-inquilino. Pero hay que ver su alcance, si el laudo puede ser titulo suficiente para el lanzamiento del inquilino, si sólo se ocupa de pequeñas controversias sobre interpretación del contrato, quién formaría ese colegio arbitral, etc.

La propuesta 336 dice: “Impulsaremos la oferta de vivienda de nueva construcción para alquiler asequible favoreciendo fórmulas de cooperación público-privada,que mantengan la propiedad pública del suelo y garanticen una mejor eficiencia de los recursos públicos. Las viviendas irán destinadas prioritariamente a familias con hijos.” Las “colaboraciones” público privadas han sido fuente de problemas, como sabemos, donde las arcas públicas acaban pagando de más o son agujeros de corrupción. Por otra parte, apoyar de forma destacada a familias con hijos olvida la situación de muchas familias monoparentales.

Justicia

Sobre esta cuestión señalan los puntos 390 la intención de Fortalecer “la independencia del Poder Judicial”, y la 391 de fortalecer los cuerpos nacionales de Jueces y Fiscales. Medidas sin duda necesarias. Pero, como hemos insistido, a la hora de hablar de los 113 puntos del PSOE, las necesidades de los consumidores en este aspecto pasan por un mecanismo judicial de pequeña cuantía y una reforma de la acción colectiva.

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