¿Dónde estamos los consumidores en las 110 medidas electorales del PSOE?

El próximo 28 de abril se inicia un amplio ciclo electoral que abarcará elecciones generales, autonómicas y locales, en algunos territorios, y elecciones al Parlamento Europeo. Los efectos de la crisis económica se han trasladado al ámbito político donde la desorientación y el descontento están dando lugar a un continuo movimiento estratégico y táctico entre los partidos que no termina de fraguar. El bipartidismo se ha fragmentado y el tradicional duopolio busca de nuevo reubicarse en el mapa institucional. En ese vaivén de aguas turbulentas los problemas de los consumidores siguen a la deriva.

Las candidaturas no han publicado aún sus programas electorales, pero sí van dando algunas pistas, a veces entre la provocación y ruido mediático. El más madrugador ha sido el PSOE que ha lanzado un texto que incluye 110 compromisos electorales. ¿Qué avanza este documento sobre los derechos de los consumidores? A la espera de que este documento se amplíe, en realidad poco o muy poco. Vamos a analizarlo.

Pensiones

El Documento del PSOE dedica cinco puntos a las “pensiones dignas garantizadas” (puntos 61 a 65). Más allá del mero compromiso de eliminar el déficit de la Seguridad Social, redefinir las fuentes de financiación y reformar el factor de sostenibilidad, poco más se dice. Razonable intenciones que ya veremos cómo se articulan. Sin embargo, no se dedica ni un apartado a mencionar el problema del ahorro, previsión que muchas familias destinan en productos cuya rentabilidad, sea financiera o fiscal, no justifica en muchas ocasiones el coste de estos vehículos de ahorro privado. Y todo ello sin mencionar el largo historial de fraudes al ahorro en nuestro pais. Por eso, la apelación que hace el documento al diálogo social debería abrirse a este frente del ahorro jubilación e incluirse en esta cuestión a las organizaciones de usuarios.

Personas mayores

En el apartado “La España del Bienestar”, la medida 59 del texto del PSOE hace referencia al diseño de “políticas públicas que favorezcan el envejecimiento activo”, con el objeto de “mejorar la calidad de vida, la salud, la participación y la seguridad de las personas mayores”. Nada más necesario para mejorar la “calidad de vida” de las personas mayores y fomentar un “envejecimiento activo” que impulsar medidas que refuercen su protección e inclusión en el ámbito de sus derechos como consumidores.
Asistimos a un tsunami tecnológico que amenaza con dejar fuera a gran parte de la población, y así lo reconoce el punto 89 del texto que menciona el impulso de una “Carta de Derechos Digitales”. Lo vemos diariamente en el ámbito de los servicios financieros, donde surge nuevos agentes, los llamados fintech, donde las entidades van retirando el contacto físico con sus clientes cerrando sucurdales, y se centran en el desarrollo de la banca digital con aplicaciones y servicios por Internet, donde el usuario se lo guisa y se lo come, con el riesgo que ello conlleva. Tanto en este ámbito como en otros, esta situación requiere que los derechos de las personas mayores sea tenido en cuenta fomentando la educación y digitalizacion del este importante sector de la población, activando también medidas para su participación inclusiva.

Energía

Dentro de las 110 medidas propuestas, el partido de Pedro Sánchez ha dedicado un capítulo específico a “La Agenda 2030: el green New Deal de España”. En él se habla de aspectos como la “necesaria transición energética”, “el autoconsumo” y la “Economía Circular”, entre otros aspectos. Nos parecen razonables las intenciones apuntadas, pero la verdadera “transición energética” debería pasar inexcusablemente por replantear el papel del sextor eléctrico, en el que las compañias actúan con una absoluta falta de transaparencia y el someten a continuo sangrado a los bolsillos de los consumidores, máxime cuando el punto 85 se menciona una “Estrategia para combatir la pobreza energética”. Por último, a la hora de hablar de “Economía Circular” en el punto 80, bien haría el PSOE en contar con las asociaciones de consumidores y proponga un plan serio que combata la obsolescencia programada e impulse de una vez por todas la reduccion de residuos, reutilizacion y el reciclaje.

Vivienda

Respecto de la vivienda, la medida 84 hace mención a la “promoción de vivienda de alquiler social”. Esta propuesta se incluye dentro del apartado titulado “El derecho irrenunciable a una vivienda digna y asequible”. Nos parece razonable la intención del PSOE, pero insuficiente. Desde el primer plan de vivienda de1980 los gobiernos y administraciones han jugando fuerte por la propiedad. Sólo a partir de 2013 se trató de favorecer el alquiler social, lo que continúa con el Plan de Vivienda que se extiende hasta 2021. Por tanto, este objetivo ya está señalado en el actual Plan. No obstante, las soluciones para el acceso de los consumidores a una vivienda digna no terminan ahí. Hay que saludar algunas de las medidas adoptadas recientemente con la reforma de la ley de arrendamientos urbanos, y que favorecen a los inquilinos, pero hay que atajar de raíz el problema especulativo con la vivienda, sea de propiedad o en alquiler, cuyo ejemplo más mediático es la avidez de los “Fondos Buitre”. La normativa ha puesto en manos de las entidades financieras herramientas jurídicas que favorecen sus intereses pero que tiene un efecto perverso en las economías familiares. Así sucedió con las reformas de las Sociedades de Inversión Inmobiliaria (Socimis). Ningún partido político debe olvidar que el problema de la vivienda en España lo es también el de millones de consumidores hipotecados. La reciente aprobación de la ley de crédito hipotecario sólo puede ser el punto de partida para reforzar sus derechos.

Administración de Justicia

El punto 97 del Documento se refiere a un “Plan de modernización de la Justicia y de agilización de expedientes judiciales”. Ha sido tradicional en nuestro país considerar a la justicia un penoso trámite por su lentitud. La constatación de este hecho se demuestra con los fraudes de la banca y las demandas colectivas de cientos de miles de personas. El fracaso de los juzgados de especializados de “cláusulas suelos” y de las medidas de solución extrajudicial planteadas en 2017 demuestran al menos dos cosas. En primer lugar, que no habrá modernización de la Justicia sin un desarrollo procesal específico y eficaz para las demandas colectivas de los consumidores que agilice el proceso. Y en segundo lugar, que sin un procedimiento extrajudicial valiente y eficaz para atajar controversias con los consumidores, la justicia seguirá padeciendo los mismos problemas.

Protección del Cliente Financiero

Por último, el punto 103 del Documento presentado por el PSOE es el único que menciona de forma específica a los consumidores de servicios financieros. Este punto promete la creación de una “Autoridad de Protección del Cliente Financiero”. La necesidad de una autoridad de estas características, con “mayor independencia y recursos”, queda clara ante el absoluto desprecio del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores hacia los consumidores: desde las cláusulas suelo a las emisiones de preferentes, por mencionar algunas. Ya en su toma de posesión el actual Gobernador del Banco de España ni mencionó a los clientes y tras la aprobación. Hace falta un organismo así, sin embargo el Ministerio de Economía incumplió el plazo de ocho meses que fijó la ley 7/2017 de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, que venció el 3 de julio, para presentar un proyecto de ley que “regule el sistema institucional de protección del cliente financiero, así como su organización y funciones”. Ahora se propone como una oferta electoral. Lo cierto es que más allá de crear una herramienta contundente para resolver reclamaciones y capaz de mediar entre asociaciones de consumidores y entidades en problemas de índole colectivo, el futuro organismo debe ser ante todo un mecanismo preventivo, capaz de efectuar un control a priori de las condiciones de publicidad, de información y de los contratos. Con dotación y medios para regular, inspeccionar y sancionar con multas civiles a las entidades. Lo que sólo será posible con asignación presupuestaria suficiente, un régimen de nombramientos que asegure la independencia y la presencia en su estructura de asociaciones representativas de consumidores bancarios. Hay países que cuentan con una Autoridad así: el Consumer Financial Protection Bureau en Estados Unidos, el Australian Competition and Consumer Commission, o la Office of Consumer Affairs en Canadá.

Esperemos que las propuestas electorales se concreten y, lo que es más importante, se cumplan de forma amplia.

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